Esther Medina Castilla es Secretaria de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife, así como Vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Es abogada, con más de veinte años de experiencia prestando servicios a empresas y a particulares en aquellas ramas del derecho que son de su competencia. Con su formación y su experiencia dirige con éxito el despacho de abogados Medina Castilla situado en la ciudad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna.

Permíteme que comience con una pregunta muy recurrente. ¿Por qué decidiste dedicarte a la abogacía?   «Fundamentalmente, por mi vocación de servicio a la sociedad, siempre he querido ayudar y defender a los demás, sentirme útil. Y lo que me motivó a estudiar derecho fue una serie de televisión que veía de niña “La Ley de Los Ángeles” que se desarrollaba en un gran despacho de abogados y sus protagonistas eran abogadas independientes, seguras de sí mismas, beligerantes, que hacían valer los derechos de la ciudadanía ante los Tribunales con dedicación y devoción y me dije “de mayor quiero ser como ellas”. Me siento orgullosa de ser abogada y lograr mi sueño infantil no sólo defendiendo los derechos de mis clientes sino también a mis compañeros y compañeras desde el cargo de secretaria de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife».

Eres Secretaria de la Junta de Gobierno del ICATF. Para aquellos que no estamos muy duchos en la materia, cuéntanos: ¿Cuál es la razón de ser del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, (ICATF)?   «A día de hoy, para poder ejercer como abogada/o es necesario colegiarse en el Colegio de Abogados donde tengamos nuestro despacho único o principal por lo que si se encuentra en Tenerife, La Gomera o El Hierro, el compañero/a debe estar colegiado en el ICATF. La razón principal de un Colegio de Abogados es la dignificación y defensa de nuestra profesión, de nuestros intereses y derechos, que se nos trate con el mismo respeto e igualdad que cualquier otro operador jurídico.

El Colegio proporciona formación, bases de datos, biblioteca digital y herramientas para que podamos ejercer con los mejores medios a nuestro alcance. Además cuenta con unas instalaciones recientemente renovadas y con delegaciones para que los compañeros/as puedan atender a clientes en despachos y desarrollar su trabajo en ordenadores, salas de reuniones… Por otra parte y en cuanto a la ciudadanía, el ICATF garantiza el derecho constitucional de defensa y acceso a la justicia ya que es el responsable en la organización y prestación del turno de oficio, protegiendo así mismo los intereses de consumidores y usuarios respecto de los servicios profesionales de la abogacía».

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¿Consideras que los Colegios de la Abogacía tienen una oferta suficiente de formación de calidad?   «Sin duda, uno de los principales objetivos tanto del Consejo General de la Abogacía Española como de los 83 Colegios es ofrecer formación continua y de calidad por los constantes cambios normativos a los que nos vemos sometidos y obligados a estar al día en los distintos campos del derecho. A la formación del CGAE tenemos acceso online toda la abogacía. Y desde el ICATF algo que nos propusimos desde la junta y que hemos cumplido, es formar a los compañeros y compañeras con cursos con ponentes de alto nivel, como magistrados del Tribunal Supremo, jueces, fiscales y abogados de Canarias y de península expertos en las diferentes materias que tratamos: civil, penal, extranjería…, temas concretos, como defensa de víctimas de violencia de género, derecho de la circulación…

Tanto es así que durante el confinamiento por el Covid semanalmente se impartieron varios cursos en modo online para que siguiésemos con la formación y sin perder el contacto con nuestros compañeros/as, lo que redundó en beneficio no sólo del colectivo sino de la ciudadanía que cuenta con abogados bien formados».

A nivel particular, ¿cuál consideras que es el origen de la lentitud de la Justicia en España y en Canarias? ¿Se trata únicamente de un problema de falta de medios o existen otras razones?  «Influyen varios factores no sólo la falta de más medios humanos y materiales, que es evidente que son necesarios por la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados, sino también, en mi opinión, es necesario una mejor organización, mejor valoración y motivación de todos los operadores jurídicos con pluses de productividad por ejemplo que incentivaran la celeridad de la justicia, modernización de la misma, papel 0, estamos a la espera del expediente digital que nunca llega… Necesitamos que no sea la gran olvidada ni la última de la lista de prioridades para que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia y no evite acudir a la misma pensando que será sometida a un proceso lento con el desgaste emocional y económico que ello supone».

«La administración de justicia  consciente de sus beneficios y que puede suponer un desatasco de la justicia, está apostando poco a poco por la mediación»

Últimamente se habla mucho de la figura del mediador. ¿Consideras que la mediación y el arbitraje ayudan actualmente, o podrían ayudar en el futuro a «desatascar» los Juzgados?   «Como mediadora que soy creo firmemente en este sistema de resolución alternativa de conflictos por una razón principal y es que en la mediación son los propios implicados quienes tienen que llegar a una solución, o al menos intentarlo. El mediador/a les acompaña pero no les da la solución y mucho menos, se las impone. Es voluntario, más rápido, supone un menor desgaste emocional y las partes, si logran un acuerdo, tienen la sensación de haber ganado (win-win), no existendo un vencedor y un vencido como ocurre con una sentencia de un procedimiento judicial. Cada vez más está calando en la sociedad y en la administración de justicia que, consciente de sus beneficios y que puede suponer un desatasco de la justicia, está apostando poco a poco por la mediación».

Todo ha cambiado desde la crisis sanitaria en la que nos vimos inmersos en marzo de 2020. ¿Cómo estás viendo la adaptación de los despachos de abogados al nuevo escenario derivado del Covid19? ¿Existe ya una adaptación total?   «Cierto que durante el confinamiento nos vimos obligados a cambiar el funcionamiento de los despachos, sobre todo, el trato directo con el cliente, así como teletrabajar. Hasta ahora generalmente el primer contacto con el cliente se hacía de forma presencial en consulta, sin embargo, como consecuencia de la pandemia, a día de hoy, hay clientes con los que nunca nos hemos reunido personalmente y ni llegamos a conocerles, puesto que todo el contacto lo realizamos de manera online a través de e-mails, llamadas, videoconferencias… lo que permite abarcar más asuntos.

Por otra parte, hemos tomado consciencia de que no somos más productivos porque le echemos más horas al despacho sino que podemos invertir el tiempo haciendo teletrabajo, contando con herramientas digitales que nos permitan la conexión con el despacho desde cualquier sitio. Y ello, en un futuro, se verá más favorecido cuando contemos con el expediente digital que nos permitirá consultar telemáticamente el estado de tramitación de los procedmientos judiciales, siendo ésta, entre muchas otras, una de las reinvindicaciones que estamos haciendo desde la abogacía institucional, pues redundará en beneficio de la ciudadanía y del colectivo.

¿Cuáles son los retos y desafíos que encuentra la mujer abogada en nuestro país actualmente?   «Acabar con brecha de género. Hay que partir de la base que llevamos muchos años sin tener las posibilidades con las que contaban los hombres y a las que nosotras no podíamos acceder. Afortunadamente, hoy en día las abogadas somos casi el 50% del total de la abogacía española, con lo cual, tenemos las mismas oportunidades en igualdad de condiciones, somos muchas con despacho profesional propio y con éxito.

Lo que sí supone un reto es ir contando con mayor presencia femenina en puestos de responsabilidad institucional, ya que sólo un 20% de los Colegios de la Abogacía española están presididos por mujeres, siendo pocos también los que cuentan con un equipo paritario, como el de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Y ello porque a la mujer le sigue siendo más difícil conciliar la vida laboral y la personal, lo que le impide dedicar un tiempo totalmente de manera altruista al colectivo, tiempo que puede estar dedicando a sus hijos, debiendo fomentarse la educación en igualdad para que mujeres y hombres puedan contar con las mismas oportunidades aún siendo madres y padres».

¿El poder judicial también discrimina a las mujeres?   «Hubo que esperar hasta 1966 para que la mujer pudiera acceder a la carrera judicial pues le estaba totalmente vedada. A partir de ahí, dado que se trata de un sistema al que podemos acceder por oposición, son más del 50% las mujeres que están ejerciendo como juezas, magistradas, fiscales, letradas de la administración de justicia… Si bien, como ocurre con la abogacía, nos topamos de nuevo con el famoso “techo de cristal” pues son muy pocas las que pueden llegar a puestos de relevancia. Tanto es así que en el Tribunal Supremo sólo representamos el 12% y en el Tribunal Constitucional sólo seis mujeres han formado parte del mismo en sus más de 40 años de historia. Aquí en Canarias, recientemente ha sido nombrada como Fiscal Superior de Canarias María Farnés Martínes Frigolas por lo que esperamos que este sea un primer nombramiento que abra paso a muchos otros destinados a mujeres de gran trayectoria y valía profesional en igualdad de condiciones que los hombres.

«Estamos solicitando que las abogadas tengan derecho a una maternidad digna instando a los poderes públicos que se apruebe la suspensión de plazos y vistas durante seis semanas a contar desde el parto así como derecho a las suspensiones en los casos en que existan complicaciones durante la gestación».

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, establece el marco legal para la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo llevan las mujeres abogadas esta situación?  «Como he comentado, sobre todo, a la abogacía y, en concreto, a las abogadas se les hace muy difícil esta conciliación cuando deciden ser madres. Hay que tener en cuenta que nos encontramos un desfase entre la conciliación legal y la real. Nos topamos con que no existe regulación específica que permita a las abogadas suspender sus juicios y plazos cuando van a dar a luz o han sido recientemente madres, dependiendo en todo caso de la sensibilidad del juzgado al que se le realice la solicitud.

Nos encontramos con ejemplos sangrantes de no suspensión de vistas el mismo día en que la abogada estaba en el paritorio y de ahí que tanto desde nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife como por parte del Consejo Canario de Colegios de Abogados, a través de la diputación del Común y en concreto de su Adjunta, Beatríz Barrera, estamos solicitando que las abogadas tengan derecho a una maternidad digna instando a los poderes públicos que se apruebe la suspensión de plazos y vistas durante seis semanas a contar desde el parto así como derecho a las suspensiones en los casos en que existan complicaciones durante la gestación.

Por supuesto, que también los abogados padres tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores cuando son padres, que no exista esta discriminación en nuestra profesión. A ello hay que unir las reinvindicaciones que nos afectan a toda la abogacía para que los días que transcurren en Navidad desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero sean inhábiles a todos los efectos en la justicia, lo que significa que no nos sigan contando los plazos y podamos desconectar y dedicar tiempo a familiares y amigos en estas fechas tan señaladas. Así que queda mucho por obtener para que haya en nuestra sociedad una sensibilidad real sobre la situación de la abogacía y su difícil conciliación y de ahí que desde la abogacía institucional no pararemos hasta que se consiga equiparar a la de otros colectivos».

¿Cuál es el caso particular de Esther Medina?   «En mi caso, dado esa dificultad de la conciliación, me he volcado en mi faceta profesional tanto en mi despacho y como profesora del máster de acceso a la profesión de abogado/a, como en la abogacía institucional, en la defensa de mis compañeros y compañeras, pues he sido 8 años presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 2 años tesorera a nivel nacional en la Confederación Española de Abogados Jóvenes, y ahora voy por el segundo mandato como secretaria de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, cargo totalmente altruista al que hay que dedicar mucho tiempo renunciando a disponerlo para familia, amigos, ocio… por lo que es totalmente vocacional, siendo un privilegio para mí contar con la confianza de los abogados y abogadas de Tenerife, La Gomera y El Hierro para que les represente a nivel canario y nacional, si bien soy consciente que me hubiera sido muy difícil ostentar estos cargos si tuviera hijos a los que dedicar tiempo y atención. Por supuesto que ha sido una decisión personal sintiéndome plena y satisfecha con mi vida, si volviera a nacer de nuevo, repetiría sin lugar a dudas».